Esta es la principal conclusión de una investigación recientemente presentada en Uruguay y realizada por la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS), la Clínica B del Hospital de Clínicas (Universidad de la República de Uruguay) y Tabaconomía, Hub de evidencia económica en Latinoamérica sobre impuestos al tabaco de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) de Chile. El informe revela que el comercio ilícito representa el 21% del mercado total en el área metropolitana de Montevideo. Esta problemática no solo amenaza la salud pública, sino que también socava las políticas de control del tabaco y genera pérdidas significativas en la recaudación fiscal.
La presentación del estudio se llevó a cabo el 11 de diciembre en el evento “Consumo de Tabaco y Comercio Ilícito”, que contó con las exposiciones del representante de OMIS Diego Rodríguez Sendoya; del investigador de la Universidad de la República Mauricio Minacapilli, y del académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y Director de Tabaconomía, Guillermo Paraje. Además, en esta instancia, Mauro Varela presentó el capítulo de su libro denominado “El tabaco: uno de nuestros peores enemigos”.
A la actividad asistieron dos recientemente anunciadas (lunes 16 de diciembre) ministras del nuevo Gobierno de Uruguay, que asumirá el 1º de marzo próximo. Se trata de la futura Ministra de Salud, Dra. Cristina Lustemberg, y la futura Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.
También el evento contó con la presencia de representantes de organismos internacionales, mundo académico y sociedad civil. Entre los asistentes estuvieron la Directora de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Dra. Virginia Cardozo; la Directora del Centro de Cooperación Internacional de Control de Tabaco (CCICT) de Uruguay, Dra. Sandra Peña y el Director de Política Comercial de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas y punto focal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el país, Ec. Juan Labraga, así como representantes de la Dirección General de Aduanas.
El reporte, basado en encuestas a fumadores mayores de edad y llevado a cabo en el Área Metropolitana de Montevideo, destaca que más de la mitad de los cigarrillos ilícitos se adquieren en puntos de venta legalmente establecidos, como kioscos, tiendas de barrio y supermercados. Además, las marcas más comunes en este mercado ilícito son originarias de Paraguay y Brasil, lo que evidencia fallas en los controles fronterizos y aduaneros.
Entre los hallazgos más relevantes se incluye que los fumadores eligen productos ilícitos principalmente por su sabor y precio, siendo estos últimos hasta un 50% más económicos que los cigarrillos legales. Asimismo, el consumo de estos productos se concentra en personas de nivel socioeconómico bajo y medio bajo.
Conclusiones y llamado a la acción
El comercio ilícito de tabaco pone en riesgo los avances logrados en Uruguay en la reducción de la prevalencia de tabaquismo, que se ha mantenido en 19% desde 2019.
Ante esto, es necesario retomar la implementación de políticas desarrolladas hasta 2019 en el país, las cuales entre 2009 y 2018 mostraron que el aumento de precios de los productos contribuyó a la disminución de la prevalencia de consumo. Entre estos años la penetración de contrabando a nivel nacional se mantuvo estable en 12% del mercado total.
El estudio enfatiza la necesidad urgente de implementar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, ratificado por Uruguay en 2014, pero aún pendiente de aplicación efectiva. Entre las medidas propuestas destacan:
- Licenciamiento y fiscalización de puntos de venta: Regular y auditar los comercios legalmente establecidos para evitar que actúen como distribuidores de productos ilícitos.
- Fortalecimiento de la trazabilidad: Implementar sistemas que permitan rastrear el recorrido de los productos de tabaco desde su origen hasta el punto de venta.
- Mayor control fronterizo: Intensificar la vigilancia en las fronteras para prevenir el ingreso de productos ilegales.
El informe se pregunta quién distribuye los cigarrillos de contrabando y subraya que la implementación de estas medidas no solo reforzará las políticas de control del tabaco, sino que también contribuirá a la protección de la salud pública y a la recaudación fiscal.