La tajante afirmación es de Blanca Llorente, economista e investigadora en temas de control de tabaco, directora de Investigación de la Fundación Anáas, organización de sociedad civil que tiene como prioridad las intervenciones encaminadas a fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el Control del Tabaco (CMTC). La colombiana fue reconocida el año 2023 por su contribución en la lucha del control del tabaco en su país y en la región, con el premio del Día Mundial sin Tabaco que otorga la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tabaconomía conversó con Blanca sobre el actual estado de la regulación del control del tabaco en Colombia, así como los principales avances y desafíos del último tiempo.

¿Cómo está actualmente la regulación del tabaco en Colombia?

Este año (2024) tuvimos un hito y avance muy importante: la aprobación de la Ley 2354 que incluye todas las nuevas formas de consumo de nicotina en la regulación de control de tabaco actual.

En Colombia teníamos una de las leyes de control de tabaco (vigente desde 2009) pioneras en Latinoamérica en materia de ambiente libres de humo y de prohibición total de todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio. Lamentablemente, la industria se reinventó y nos utilizó como uno de los mercados piloto para avanzar en otras formas de consumo de nicotina: los mal llamados vapeadores, que nosotros insistimos son cigarrillos electrónicos, y otros productos que han venido surgiendo recientemente en el mercado. Esto nos había dejado débil nuestra ley.

¿Nos puede comentar sobre el nuevo proyecto que se está impulsando en Colombia para el control de tabaco?

Esta es la otra cara de la historia. Si bien en términos de ambientes libres de humo y en producción en la publicidad somos un país que ha sido líder, en el tema de impuestos no ha sido así.

Hace 10 años éramos el segundo país con el cigarrillo más barato en la región de las Américas. Salimos un poco de ese hueco en 2016 cuando se aumenta de manera importante la tarifa, pero no lo suficiente. Ahora se acaba de radicar el proyecto de ley 228, que es un nuevo intento de parte de un grupo de parlamentarios, acompañados de numerosas organizaciones de sociedad civil, que han entendido que aumentar los impuestos a estos productos es una prioridad para Colombia.

Lo que busca este proyecto de ley es un nuevo incremento de la tarifa a los cigarrillos convencionales e incluir las otras formas de nicotina. Que así como ahora están en la ley de control de tabaco, también sean tratadas en la regulación tributaria.

¿Cuál es el principal desafío que enfrentan Colombia en la lucha del control de tabaco?

El gran reto es preservar lo que hemos ganado con las regulaciones que se han implementado, así como seguir avanzando en la reducción de consumo de nicotina, teniendo de por medio la interferencia de la industria.

Colombia hoy en día tiene la tranquilidad de tener la generación menos consumidora de nicotina en su historia. Estamos en niveles de un dígito en prevalencia, es decir, el porcentaje de población que consume, desde hace ya un buen tiempo. Lamentablemente esas ganancias tan grandes que habíamos logrado en esta última década, de tener un millón menos de fumadores y de tener prevalencias que han estado cercanas o inferiores al 6% de la población mayor de 10 años, se están debilitando. Cuando tenemos mediciones en población escolar del 11% de prevalencia de cigarrillos electrónicos, obviamente nos dispara alarmas porque es re-dinamizar el consumo que ya había bajado.

Esto evidentemente es el resultado de la interferencia de la industria, la que ha sido muy exitosa en asustar a los tomadores de decisiones para que no suban los impuestos, así como en desinformar al público primero acerca de los daños de la nicotina y de sus nuevas formas de consumo, y segundo ahora se protegen con organizaciones que dicen ser defensoras de los derechos de los consumidores y que son financiadas por la industria. Esto confunde a los tomadores de decisiones en entender cuál es el objetivo social y cómo es la gestión de la protección de derechos que debemos priorizar realmente como sociedad y como Estado. Creo que ese es el gran reto que tenemos en Colombia y en toda la región.

Desde una mirada integral, ¿qué efectos tiene disminuir el consumo de tabaco?

No alcanzamos todavía a dimensionar con cifras observables lo que significa tener un millón menos de fumadores en Colombia y preservar ese número. Pero ya sabemos que esto va a implicar decenas de miles menos de casos de cánceres, de enfermedades cardiovasculares y de muertes tempranas. Colombia tiene 34.000 muertes al año asociadas con tabaquismo y lamentablemente desconocemos lo que van a causar las nuevas formas de consumo múltiple de nicotina. Pero sí sabemos que vamos a reducir de manera importante medio millón de muertes prematuras en los próximos años al tener este conjunto de medidas que han sido exitosas, y que debemos seguir profundizando.

Porque la ganancia para mí está clara: menos muertes, menos enfermedad, menos casos de gastos catastróficos para los hogares. Pero tenemos aún en Colombia cuatro millones de fumadores sobre los que debemos incidir y contener nuevos crecimientos. El gran reto es que las familias de estos cuatro millones de colombianos no se vean impactadas por gastos, enfermedades y menos por la muerte.

¿Cuál es para usted la importancia de la política pública de impuestos al tabaco?

En Colombia teníamos un impuesto alto al tabaco durante buena parte del siglo 20, pero en los años 90 fue reducido en la mitad. Teníamos un impuesto ad valorem del 100%, es decir, duplicaba el valor del producto y lo bajaron al 55%, lo que fue una gran pérdida desde el punto de vista de la protección financiera que nos da el tributo, y aunque menos relevante para el objetivo sanitario, también produjo una reducción en recaudos.

Aun cuando seguimos teniendo impuestos bajos, logramos avanzar el 2016 cuando se triplica la tarifa: cada cajetilla de 20 cigarrillos pagaba 700 pesos colombianos por concepto de impuesto, y se pasó a 2.100 pesos colombianos. Es decir, se multiplicó por tres el valor de esa tarifa. Y, como consecuencia, los precios en el mercado subieron más de 30% y el consumo se redujo en 16%. Entonces los siguientes dos años hubo una aceleración en esa reducción de consumo que ya veníamos logrando con las otras medidas.

Es difícil a veces explicar cuánto contribuyó una u otra medida de control de tabaco porque coinciden al mismo tiempo. Pero sí sabemos que en ese momento en que no se habían profundizado ninguna de las otras medidas, porque ya llevaban un buen tiempo en vigencia, al entrar los impuestos logramos acelerar la caída en el número de fumadores.

Y esa caída del 16% del consumo se debe a dos cosas: a que menos fumadores nuevos entran a reemplazar a los que mueren y los que se mantienen fumando fuman menos y empiezan a pensar en dejar de fumar, que es el gran poder que tenemos de la medida de impuestos y que hay que explicar a la población. Se piensa que los impuestos son para recaudar, pero esto es algo secundario. Con la realidad en Colombia hemos demostrado que subir los impuestos de manera importante, ambiciosa, logra modificar el comportamiento de los consumidores.

Aquí es importante destacar que en Colombia la industria ha sido muy exitosa en disuadir a los tomadores de decisión de ser ambiciosos con esta medida con el fantasma del contrabando. Está claro que el contrabando es una realidad en nuestro país en muchos productos, no solamente en tabaco, y lamentablemente muy asociado a las lógicas de narcotráfico que hay en nuestro país al ser un exportador de cocaína importante. Las dinámicas de ese mercado están afectando-incidiendo en que sea muy atractivo seguir utilizando el contrabando como mecanismo de lavado de activos, y el contrabando de cigarrillos obedece a esa lógica. Entonces es trascendental separar esa dinámica del narcotráfico y el lavado de activos de los beneficios indudables que ofrecen estos impuestos.

En estos días se conmemoraba el aniversario del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que es un tratado internacional de salud pública muy importante. Colombia tiene pendiente aprobar este tratado en el Congreso. Lo firmó en el 2013 expresando una voluntad de implementar estas medidas, que son las mejores prácticas para responder a la realidad del comercio ilícito que es un real problema de salud pública, pero tiene pendiente aprobarlo.

Es importante que sigamos subiendo el impuesto y, al mismo tiempo, fortaleciendo la institucionalidad para combatir todo el contrabando. Esto no nos debe disuadir de obtener los beneficios enormes de aumentar los impuestos de manera activa. Ambas cosas pueden y deben avanzar en nuestro país.