En Colombia, uno de cada cinco escolares ha probado cigarrillos electrónicos (ENCSP, 2022), siendo su precio actual una cuarta parte de lo que costaban hace cuatro años, facilitando su acceso entre niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, es uno de los países con los precios más bajos de cigarrillos en la región (Fundación Anáas, PROESA, 2024).

En este contexto se realizó la actividad “¿Qué pasa con los impuestos a los cigarrillos electrónicos y convencionales en el Congreso?: Un diseño necesario para un impuesto saludable y efectivo”, donde se señaló que se hace necesario aumentar significativamente el precio de los productos de tabaco y similares para salvar miles de vidas y proteger a las nuevas generaciones.

Organizaciones científicas y civiles como la Fundación Anáas, el Instituto Nacional de Cancerología, Red Papaz, el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad Icesi – PROESA – y la Liga Colombiana Contra el Cáncer, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud – OPS/OMS -, hicieron un llamado a realizar un diseño de impuestos adecuado, apoyado en la evidencia de su efectividad.

La evidencia internacional, según la Organización Mundial de la Salud y recogida en los compromisos que el país ha asumido en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, firmado por Colombia en 2003, indica la implementación de los impuestos al tabaco como una de las herramientas más costo-efectivas para reducir el consumo, prevenir enfermedades y aliviar la carga económica del sistema de salud (OMS, 2003).

Según el más reciente Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar (ENCSP, 2022), uno de cada cinco escolares ha consumido cigarrillos electrónicos, una cifra que genera alarma entre padres, cuidadores y docentes. Esta situación responde a las estrategias agresivas del marketing de la industria tabacalera, que tienen la intención de impulsar un desmedido aumento del consumo en los más jóvenes.

Estado de la regulación en Colombia

La regulación fiscal de los cigarrillos electrónicos y convencionales avanza en el Congreso de Colombia. Con su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley 308, ha incorporado ajustes que reclamaban numerosos parlamentarios y organizaciones de sociedad civil y sociedades científicas, quienes habían manifestado su preocupación por la versión inicial de esta iniciativa.

Ahora el proyecto se prepara para los debates en el Senado. La versión actual incluye un aumento de la tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos a 8.400 pesos en un período de dos años y crea un impuesto a los cigarrillos electrónicos, que erróneamente se denominan ‘vapeadores’, equivalente a un 35% del precio final de venta al público. Dichos ajustes son los mínimos necesarios según los expertos para lograr frenar el reciente repunte en el porcentaje de población que consume productos de tabaco y nicotina.

La medida protege de manera especial a niñas, niños y adolescentes y tendrá efectos muy favorables en la salud, el bienestar de los hogares y enormes ahorros en tratamientos de alto costo por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Los promotores de este impuesto recalcan que no cualquier diseño tiene el resultado deseado y es necesario un ajuste grande de la tarifa.

“La tarifa planteada en el proyecto de ley podría prevenir unas 450.000 muertes en el país y fortalecer el sistema de salud con un recaudo sostenible”, afirma la Representante Carolina Giraldo, coautora del proyecto.

El contrabando no debe ser una excusa para frenar los impuestos saludables

En 2023, el comercio ilícito de cigarrillos en Colombia fue del 16,9%, una cifra muy inferior al 34% que reporta la industria tabacalera, según estudios del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad Icesi y la Fundación Anáas, con el apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile (Medición del contrabando de cigarrillos en Colombia M3C-COL, 2023).

Estos resultados evidencian que, si bien el comercio ilícito es un problema global, en Colombia se mantiene en niveles moderados. Esto se debe, en parte, a la reducción del mercado total de cigarrillos gracias a la implementación de políticas recogidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco durante la última década.

Combatir el comercio ilícito es clave y las estrategias de salud pública son el camino necesario para lograrlo. Colombia debe fortalecer la cooperación internacional y mejorar los controles en todas las etapas de producción y comercialización, además de endurecer las sanciones contra el contrabando.

Para avanzar en esta dirección, el país puede adoptar e implementar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, un tratado que proporciona herramientas efectivas para frenar el tráfico ilegal y reforzar las políticas de control.

Un esquema que protege la salud pública

Colombia hoy continúa siendo uno de los países con los precios más bajos en los productos de tabaco. Esta situación facilita el acceso, especialmente en menores de edad, y limita el impacto de las políticas de control del tabaco. Un ajuste en la estructura tributaria permitirá alinear al país con las mejores prácticas internacionales y fortalecer su lucha contra el tabaquismo.

Propuesta de impuesto para cigarrillos electrónicos:
● Tarifa específica de $2.000 (pesos colombianos) por mililitro de líquido.
● Impuesto ad valorem del 30% sobre el precio del dispositivo.
● Un cigarrillo electrónico de 5 ml que hoy cuesta $40.000 (pesos colombianos) pagaría un impuesto total de $22.000 (pesos colombianos), elevando su precio final a $62.000 (pesos colombianos).

Propuesta de impuesto para cigarrillos convencionales:
● Aumento progresivo del impuesto actual de $4.068 a $6.000 (pesos colombianos) en el primer año y a $8.400 (pesos colombianos) a partir del segundo.

Efectos estimados
● Se estima que la medida reducirá el consumo de tabaco en 500 mil personas y generará hasta un billón de pesos colombianos anuales adicionales en recaudo.

Un impuesto con impacto real por un futuro saludable

El consumo de tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo asociado a enfermedades no transmisibles (ENT) como varios tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, las cardiovasculares y la diabetes. Estas patologías representan el 71% de las muertes a nivel mundial, es decir, 41 millones de fallecimientos al año, en la Región de las Américas, son 5,5 millones las muertes por ENT cada año lo que representa el 81% de todas las muertes de la región (OPS/OMS).

En Colombia el tabaco es responsable de 34.800 muertes anuales (PNUD, 2019). La carga económica de las enfermedades asociadas al tabaquismo se estima en $6,5 billones de pesos colombianos anuales. Con un esquema impositivo sólido, se podría reducir significativamente este impacto, generando beneficios tanto en salud pública como en sostenibilidad financiera.

Este no es un impuesto más sino una herramienta de salud pública. Hoy, el país está en un momento decisivo. Con la discusión en el Senado, Colombia tiene la oportunidad de establecer un diseño tributario que haga la diferencia.