El nuevo Informe sobre la Situación Mundial del Cáncer 2026 confirma que el control del tabaco fue una de las políticas de prevención más exitosas de la última década. Pero también deja al descubierto una brecha que la evidencia lleva años señalando: los impuestos al tabaco siguen siendo la medida menos aplicada del paquete MPOWER, pese a ser la más costo-efectiva.

El 8 de julio de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) presentaron el «Global status report on cancer 2026: the future we choose together». El diagnóstico es contundente: sin acción urgente, los 20,6 millones de casos anuales de cáncer que se registran hoy podrían llegar a casi 35 millones en 2050. El tabaco, una vez más, aparece como el principal factor de riesgo modificable de la enfermedad.

Lo que muestra la evidencia sobre tabaco y cáncer

El informe es explícito: el consumo de tabaco —incluyendo pipas de agua y tabaco sin humo— es el mayor factor de riesgo de cáncer a nivel global. En 2022 fue responsable del 15% de todos los casos nuevos de cáncer en el mundo (3,3 millones), incluyendo cerca de 1,8 millones de casos de cáncer de pulmón. Está asociado, al menos, a 17 tipos de cáncer, y uno de cada tres cánceres orales se vincula al consumo de tabaco sin humo o nuez de areca.

La magnitud del problema sigue siendo enorme: 1.200 millones de personas mayores de 15 años consumen tabaco hoy, con una brecha de género que no cierra al mismo ritmo (32,5% en hombres frente a 6,6% en mujeres).

La buena noticia: la política de control del tabaco funciona

Y aquí está lo que hay que destacar sin matices: cuando se aplican, las políticas de control del tabaco reducen el consumo. Desde 2010, la prevalencia global cayó 27%, y el número absoluto de consumidores bajó en 177 millones desde el año 2000, pese al crecimiento poblacional. Las mujeres, además, ya superaron la meta de reducción del 30% fijada por la OMS para 2025. Este avance ha contribuido, según el informe, a la reducción de casos y muertes por cáncer de pulmón en varias regiones del mundo.

Es una confirmación más de algo que la evidencia internacional documenta hace tiempo: el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) y el paquete técnico MPOWER —Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce, Raise taxes— funcionan cuando se implementan con decisión política.

Esto coincide con la evidencia que el propio equipo de Tabaconomía ha documentado. En un análisis publicado en BMJ en septiembre de 2025 («Tobacco kills: stronger excise taxes would save lives«), Guillermo Paraje y colegas construyeron un índice de implementación de MPOWER para 165 países y encontraron que, mientras las advertencias sanitarias en los paquetes mejoraron 67% y los ambientes libres de humo 56% en la década posterior a la ratificación del CMCT, subir los impuestos al tabaco avanzó apenas 9% en el mismo período —la medida más rezagada de las seis, por lejos—. Solo el 68% de los países que ratificaron el convenio logró subir sus impuestos al tabaco, y la carga tributaria total sobre el precio final de la marca de cigarrillos más vendida apenas pasó de 48% a 55% entre 2008 y 2022 —muy por debajo del mínimo de 75% recomendado por la OMS y el Banco Mundial—. El estudio es categórico: los impuestos al tabaco son la política más costo-efectiva pero más subutilizada dentro del marco del CMCT.

El desafío que persiste: la «R» de MPOWER sigue rezagada

Pero el informe también pone un dato sobre la mesa que confirma lo que desde la investigación en economía del tabaco venimos advirtiendo: de las seis medidas del paquete MPOWER, subir los impuestos al tabaco es la que menos se ha implementado en el mundo. Solo 40 países la aplican al nivel de mejor práctica recomendado por la OMS, alcanzando apenas un 15% de cobertura poblacional —la cifra más baja de todo el paquete, muy por detrás de las advertencias sanitarias (62%, 110 países), los ambientes libres de humo (33%, 79 países), los programas de cesación (33%, 31 países) y la prohibición de publicidad (26%, 68 países).

La brecha, además, se profundiza según el nivel de ingreso: solo el 27% de los países de ingresos bajos ha adoptado impuestos adecuados al tabaco, frente al 83% de los países de ingresos altos.

El informe es claro sobre las causas: baja priorización política, financiamiento insuficiente, y —de forma explícita— interferencia sostenida de la industria tabacalera, que recurre a lobby, litigios, marketing y campañas de responsabilidad social corporativa para retrasar, debilitar o bloquear la regulación fiscal, especialmente en países con marcos regulatorios más frágiles. A esto se suman los temores (a menudo infundados) sobre pérdida de recaudación o empleo, y el crecimiento acelerado de productos de tabaco y nicotina novedosos que la regulación fiscal no logra alcanzar a tiempo.

El estudio de Paraje y colegas en BMJ describe además el patrón que sigue esta interferencia, encapsulado en el acrónimo SCARE —por sus siglas en inglés: contrabando y comercio ilícito, desafíos legales, retórica anti-pobres, reducción de recaudación e impacto en el empleo—. Se trata de argumentos recurrentes y predecibles utilizados por medios y think tanks vinculados a una industria tabacalera cuyas utilidades anuales superarían hoy los USD 80.000 millones, y cuya evidencia en contra, según el propio estudio, es contundente: los impuestos al tabaco sí reducen el consumo, no están asociados al comercio ilícito, y no afectan negativamente el empleo agregado ni son regresivos una vez que se consideran los beneficios económicos y de salud de dejar de fumar.

Por qué esto importa para la política fiscal

El informe no se queda en el diagnóstico. En sus recomendaciones, la OMS pide explícitamente a los gobiernos establecer financiamiento sostenible para el control del cáncer a través de impuestos específicos al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas. Es, en el fondo, el mismo argumento que la evidencia acumulada en economía de la salud sostiene desde hace años: los impuestos al tabaco no son solo una herramienta de recaudación, son la intervención más costo-efectiva para reducir el consumo y, al mismo tiempo, una fuente de financiamiento sanitario sostenible que puede reinvertirse en los propios sistemas de salud que hoy cargan con el costo de las enfermedades asociadas al tabaquismo.

El informe también subraya algo relevante desde la perspectiva de la salud pública basada en evidencia: los factores de riesgo no actúan de forma aislada. Tabaco, alcohol y obesidad interactúan de manera sinérgica, por lo que las medidas fiscales de salud («health taxes») tienen un efecto multiplicador: reducen no solo el cáncer, sino también las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades hepáticas, a la vez que generan ingresos reinvertibles.

La lectura para los tomadores de decisión

El mensaje central del informe OMS/IARC 2026, leído desde la economía del tabaco, es doble: por un lado, hay evidencia sólida de que el control del tabaco funciona y que dos décadas de aplicación del CMCT han salvado vidas. Por otro, la herramienta fiscal —la más costo-efectiva de todas— sigue siendo la más subutilizada, y esa brecha tiene nombre y apellido: interferencia de la industria, falta de voluntad política y ausencia de evidencia local que llegue a los ministerios de Hacienda.

Cerrar esa brecha no requiere nueva evidencia científica —la que existe es contundente—. Requiere que esa evidencia llegue, se traduzca y se use en el diseño de política fiscal. Ese es, precisamente, el rol que un espacio como Tabaconomía busca cumplir: generar y difundir evidencia rigurosa que permita a los tomadores de decisión diseñar políticas públicas de control del tabaco basadas en datos, no en presión de intereses particulares.

Fuente: OMS/IARC, Global status report on cancer 2026: the future we choose together (8 de julio de 2026); WHO/IARC Press Release No. 383. Más información aquí.; Paraje G, Flores Muñoz M, Wu D, Jha P. Tobacco kills: stronger excise taxes would save lives. BMJ 2025;390:e085608.