Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. La magnitud de los daños que causa el consumo de tabaco merece que una vez al año se recuerde esto y se refuerce el compromiso para reducir su uso. Se estima que, a nivel global, unos 8 millones de personas mueran producto del consumo de tabaco (un 13% de las muertes totales), de las cuales cerca de 1.2 millones son fumadores pasivos. En Chile, el consumo de tabaco está directamente asociado al 16% de todas las muertes. Un 15% de la población total está expuesta al humo de tabaco en los hogares por lo que, muy probablemente, sufran enfermedades asociadas a su consumo. La atención de esas enfermedades corresponde a casi 1 de cada 10 pesos que se gastan en salud en el país. Un buen número de enfermedades cubiertas por el GES están causadas directamente por ese consumo (infartos, cánceres, EPOC, ACV, etc.). En tiempos donde se discute cuál es el mejor sistema de salud para atender las necesidades de las personas, se nos olvida que hay políticas efectivas de prevención de enfermedades evitables que descongestionarían el sistema de salud permitiendo destinar recursos a enfermedades inevitables.
La política más costo-efectiva para reducir el consumo de tabaco es aumentar el impuesto. El aumento de precios que dicho instrumento causa incentiva la cesación, previene o retarda el inicio, y disminuye la intensidad entre los fumadores. La evidencia a nivel internacional sobre su efectividad es abrumadora y ha sido resaltada recientemente por una comisión liderada por el ex Secretario del Tesoro de EEUU, Larry Summers. Dicha comisión destaca que estos impuestos debieran ser considerados una herramienta de salud pública, siendo efectivos en reducir gastos en salud y aumentar la recaudación fiscal.
El argumento usual de que mayores impuestos al tabaco impulsan el contrabando, no tiene sustento empírico. Entre 2015 y 2021 – periodo donde no cambiaron los impuestos al tabaco- la empresa monopolista de cigarrillos en Chile decidió incrementar los precios de los cigarrillos más baratos lícitamente vendidos, que son los que compiten directamente con los cigarrillos ilícitos, en casi el 50% por encima de la inflación. Este comportamiento no parece ser consistente con un contrabando creciente y fuera de control que esa misma empresa aduce y argumenta el aumento de impuestos puede generar. Es consistente, en cambio, con una estrategia que, ante la pasividad pública para aumentar los impuestos al tabaco, rentabilice la demanda mientras la sociedad se hace cargo de los enormes costos asociados. Ante esta situación, es necesario que el Gobierno proponga un aumento decidido de los impuestos al tabaco para que se corrijan las externalidades generadas por su consumo.
Columna publicada en diario La Segunda el 31 de mayo de 2023.
